Sobre la política de arriendo del Minvu

Carlos Araya

El miércoles 17 de abril, se publicó una columna de la Economista Marcela Ruiz-Tagle O., titulada “Arriendo, ¿la política de vivienda olvidada?”, en la que se destaca el sostenido aumento de hogares que arriendan vivienda en Chile en los últimos años, la creciente carga en sus ingresos que este gasto representa, y la ausencia de una política pública que enfrente estos fenómenos.

En efecto, según datos de la encuesta CASEN 2022, el porcentaje de hogares que arriendan alcanza un 26,5% a nivel nacional, evidenciando un sostenido aumento desde los últimos años. Coincidimos en el sentido de la urgencia de contar con políticas de arriendo que complementen la vivienda tradicional, sin embargo, discrepamos de la idea que ésta sea una política “olvidada”.

“El Gobierno ha dispuesto diferentes líneas programáticas que reconocen las particularidades y necesidades diversas de las personas y hogares, considerando especialmente una política de arriendo a precio justo”.

El Plan de Emergencia del Presidente Gabriel Boric, que lleva adelante el MINVU, destaca entre sus ejes garantizar diversos caminos para acceder a la vivienda. Para ello se han dispuesto diferentes líneas programáticas que reconocen las particularidades y necesidades diversas de las personas y hogares, considerando especialmente una política de “Arriendo a Precio Justo”. Este programa busca ampliar las opciones para encontrar una vivienda en arriendo a precio asequible para el presupuesto familiar, a través de la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas por los SERVIU, Municipios, y entidades sin fines de lucro, para poner a disposición a familias portadoras del Subsidio de Arriendo.

A esta fecha ya se han financiado o se encuentran en proceso de aprobación un total de 3.850 viviendas en las distintas alternativas de construcción, rehabilitación y adquisición, siendo esta última opción además de una estrategia veloz para poner a disposición viviendas, es una herramienta de apoyo al sector construcción que cuenta con un stock acumulado de viviendas construidas. Destacan también las iniciativas de adquisición de un edificio de 80 departamentos en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, hoy en funcionamiento a cargo del SERVIU; el proyecto de construcción industrializada que iniciará obras en la comuna de Renca, a cargo del municipio; y la construcción de 42 viviendas en Av. Independencia, Santiago, con participación del municipio, y Metro S.A., con excelente ubicación entre 2 estaciones de la Línea 3.

Por otro lado, se planea introducir mejoras al programa de Subsidio de Arriendo, regulado por el DS 52 de 2013, fortaleciendo el proceso de información y acompañamiento para su aplicación, un programa donde se encuentran activos a abril 25.079 contratos. Esta cifra incluye 7.751 personas a través del Subsidio especial de Arriendo a Personas Mayores, modalidad que se ha ampliado además a Personas con Discapacidad. Y para este año se abrió un llamado a postulación para 8.500 nuevos cupos, anunciado por el ministro Carlos Montes, justamente el mismo día de publicación de la columna.

En conclusión, una política de arriendo que enfrente el crecimiento de esta alternativa en Chile está lejos de encontrarse olvidada. Por el contrario, forma parte central del Plan de Emergencia Habitacional, y debe ser apoyada transversalmente para implementar prontamente soluciones en medio de la crisis habitacional.

Por eso, la columna de la economista Marcela Ruiz-Tagle es una valiosa contribución al debate, en busca de garantías justas para el acceso a viviendas dignas y adecuadas.